LAMENTAMOS DESPIDOS QUE PROVOCARÁN ACCIONES DE CONCEJALES BECERRA Y CÁCERES
En relación al dictamen de Contraloría N°795 evacuado a raíz de presentación de los concejales, René Cáceres Araya y Jessica Becerra Cantillano, contra la Municipalidad de Alto Hospicio y sus funcionarios, nos cabe señalar lo siguiente:
1.- Aclarar que más allá de la apreciación que se tenga, como institución tenemos la obligación de acatar el dictamen del órgano contralor en todas sus partes, tanto en forma como en fondo.
2.- En cuanto a la resolución de desvincular a todos los funcionarios con antecedentes penales, aunque hayan cumplido sus condenas, no nos cabe más que lamentar la resolución, la cual va implicar la destitución de una veintena de trabajadores.
Destacar que estas personas -aunque hayan cometido algún ilícito en el pasado- mientras se mantuvieron en funciones municipales, mostraron una conducta cívica y funcionaria intachable. Por lo anterior lamentamos que el municipio deba verse obligado a prescindir del importante aporte, experiencia y compromiso que estos funcionarios entregaron a la institución.
Asimismo, frente a este episodio, nos cabe hacer un llamado a la reflexión: sin duda estamos por combatir a la delincuencia y participamos de esa batalla día a día, pero esta lucha no se termina sancionando o encarcelando a los infractores de ley. Nunca tendremos como comuna y país una eficaz política se seguridad pública sin una política de reinserción social. Todas las personas merecen una segunda oportunidad, lamentamos que ese derecho hoy no puedan ejercerlo nuestros funcionarios. Apostaremos por cambiar la mirada estrecha que nos imponen los concejales Cáceres y Becerra, la que creemos no solo éticamente mezquina para con nuestros funcionarios, sino ineficaz a la hora de combatir el delito.
Frente a lo anterior, cabe aclarar que esta postura institucional, no reviste color político alguno, dado que la gran mayoría de las personas que deberán ser desvinculadas, fueron contratadas en la administración municipal anterior.
Asimismo, creemos que este dictamen, resuelto a solicitud de los concejales antes señalados, vulnera el derecho al trabajo, consagrado tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscritos y ratificados por Chile. Inhibir o bloquear el derecho de todos los hospicianos a tener un trabajo digno para mantener a sus familias, es un acto sin duda atentatorio contra la dignidad humana.
3.- En cuanto a la resolución de iniciar sumarios administrativos a los 7 funcionarios titulares que el dictamen individualiza, todos directores, por atrasos reiterados, esta institución reafirma la realización del procedimiento investigativo, así como la aplicación de las sanciones que de éste emanen.
4.- En relación a todas las orientaciones entregadas por el órgano contralor para optimizar y ajustar normativamente nuestra política de personal, la asumimos en su mérito, recordando que se trata de prácticas heredadas de la administración anterior y que nunca antes fueron cuestionadas. A mayor abundamiento, cabe destacar que los concejales Becerra y Cáceres nunca antes fiscalizaron o hicieron reclamación alguna, por formas de funcionamiento que se remontan a más de una década, cuando ellos mismos eran autoridades municipales. Lo anterior da cuenta del afán interesado de las acusaciones, las cuales parecen perseguir más bien fines políticos y personales, que la búsqueda del buen servicio.
5.- Finalmente, cabe enfatizar, que la presente administración no ha caído en ilegalidad alguna, tal como constata informe de Contraloría, el cual sólo pide correcciones de criterios administrativos en la política de personal. Todos criterios que vienen de la administración anterior y que como tal, fueron considerados prácticas en uso.
